La prostitución ha sido siempre uno de los temas más recurrentes del debate público. Las instituciones lo han abordado desde una posición ambivalente. Con tolerancia en los locales privados; con persecución, por contra, en el espacio público. Con este objetivo, en Barcelona se aprobó la Ordenanza del Civismo en el 2006. Y en el 2012, el entonces alcalde Trias declaró su voluntad de borrar de la ciudad «una intolerable esclavitud del siglo XXI». Con el apoyo del PP endureció el texto y suprimió el requisito del aviso previo a la sanción. Ni el PP en Madrid se había atrevido a ir tan lejos. ¿Qué balance se puede extraer hoy de la aplicación de la ordenanza?

PROTEGER LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES

A primera vista, su entrada en vigor sirvió para sosegar los ánimos de quienes consideraban que existía una situación de caos en la ciudad. El fenómeno, no obstante, no ha disminuido y la situación de las mujeres ha empeorado. Una de las pretensiones de la norma era protegerlas del «comercio y explotación sexual». Desde una visión abolicionista, se sostiene que la práctica no es nunca voluntaria sino fruto de la coacción. Los argumentos son similares a los de la cruzada contra las mujeres musulmanas con velo. Se defiende que está en juego su dignidad como mujeres. Hay que protegerlas por su bien y, si hace falta, contra su voluntad.